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El proceso de control de legalidad ante los tribunales de lo contencioso administrativo

A partir de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, se cambia a un modelo de estado garantista de derechos, en este sentido se transforma el sistema judicial a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y…

El proceso de control de legalidad ante los tribunales de lo contencioso administrativo

A partir de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, se cambia a un modelo de estado garantista de derechos, en este sentido se transforma el sistema judicial a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y a partir de ello todos los jueces se convierten en jueces constitucionales independientemente de la materia en que se desarrollen, garantizando así los derechos establecidos en la constitución y los tratados internacionales, siendo uno de estos principios el de legalidad.

 

El derecho administrativo mantiene un estrecho vínculo con el derecho constitucional, puesto que las actuaciones de los funcionarios públicos están limitadas a lo establecido sus leyes especiales, pero principalmente a los derechos establecidos en la constitución, en este sentido los funcionarios públicos no pueden realizar actos contrarios a ello, y todo acto fuera de esta actuación acarrearía la nulidad.

 

¿Qué es el control de legalidad?

Si bien el de control de legalidad debería ser aplicado a todas las materias, el Código Orgánico General de Procesos, solamente reconoce explícitamente al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con esta facultad, lo cual le permite al tribunal verificar todas las actuaciones de los funcionarios públicos dentro de un proceso administrativo sancionador y verificar si las actuaciones realizadas se encuentran enmarcadas dentro de la ley; aún si el administrado o la institución pública ha omitido mencionar alguna vulneración de derechos, permitiéndole de esta forma al tribunal analizar de forma integral el proceso administrativo y no taxativamente a las pretensiones del actor o el demando.

 

En este sentido, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario puede reconocer derechos del administrado o de la administración pública aún sin haberlo mencionado en su demanda o contestación, basados en la facultad que le permite analizar el contexto general en el que se desarrollo el proceso administrativo y de esta forma garantizar derechos del administrado o institución pública de manera integral.

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