Defendemos a su empresa cuando una acción de protección se dirige contra ella y usamos las garantías constitucionales cuando un acto del Estado afecta sus derechos. Litigamos ante cortes provinciales, la Corte Constitucional y organismos internacionales.
La Constitución no protege solo a las personas: también protege a las empresas que generan empleo. Y cuando una garantía se usa de forma indebida contra ellas, merecen una defensa igual de firme.
Cada garantía tiene un propósito, requisitos y plazos distintos. Elegir la vía correcta es el primer paso de una buena estrategia; estas son las que utilizamos con más frecuencia.
Para amparar derechos constitucionales frente a actos u omisiones de autoridades públicas y, en ciertos casos, de particulares.
Para evitar o detener de inmediato la amenaza o la vulneración de un derecho mientras se resuelve el fondo.
Ante la Corte Constitucional, contra sentencias y autos definitivos que vulneren el debido proceso u otros derechos.
Para conocer, actualizar, rectificar o eliminar información sobre la empresa que consta en archivos públicos o privados.
Cuando una entidad niega o entrega de forma incompleta información que la empresa tiene derecho a conocer.
Para pedir a la Corte Constitucional que retire del ordenamiento una norma contraria a la Constitución.
Actuamos en los dos lados de la garantía: cuando la empresa necesita protegerse frente al Estado y cuando una acción constitucional se dirige contra ella.
Cuando un trabajador, cliente o tercero presenta una acción de protección contra la empresa, analizamos si cumple los requisitos de ley y construimos la defensa desde la primera audiencia.
Revisamos las medidas cautelares constitucionales dictadas contra la empresa y solicitamos su revocatoria cuando no se justifican.
Cuando una decisión de una autoridad pública afecta derechos de la empresa y no existe otra vía adecuada, preparamos la acción y las medidas urgentes que correspondan.
Exigimos el acceso, la corrección o la eliminación de información sobre la empresa y el acceso a información pública que le corresponde.
Llevamos ante la Corte Constitucional las sentencias y autos definitivos que vulneran el debido proceso u otros derechos de la empresa.
Presentamos acciones públicas de inconstitucionalidad contra normas y acompañamos casos ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El litigio constitucional suele cruzarse con otras áreas del derecho. Trabajamos junto a nuestros equipos de derecho administrativo, derecho civil y laboral para elegir la vía más adecuada en cada caso.
El 11 de mayo de 2023 presentamos una demanda pública de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional declaró inconstitucional el término «demente» del Código Civil, que se sustituye por «persona con demencia».
Defensa y presentación de acciones.
Respuesta urgente ante amenazas.
Sentencias que vulneran derechos.
Normas contrarias a la Constitución.
Información sobre la empresa.
Acceso a datos del Estado.
Litigio en primera y segunda instancia.
Casos ante la CIDH y la Corte IDH.
Asuntos en los que hemos defendido a empresas frente a acciones constitucionales, descritos sin revelar la identidad de nuestros clientes.
La Sala Laboral de la Corte Provincial de Pichincha ratificó nuestra defensa: la acción de protección no cumplía los requisitos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y nuestro cliente no era el legitimado pasivo.
Defendimos a la aseguradora frente a una acción de protección que fue rechazada por improcedente, al no existir vulneración de derechos constitucionales.
Cada caso es distinto. Los resultados de asuntos anteriores no garantizan un resultado similar en otros casos.
Escuchamos su situación con total confidencialidad y revisamos la información disponible.
Identificamos riesgos, obligaciones pendientes y prioridades para su empresa.
Le proponemos la ruta, los tiempos y el equipo, incluidas las áreas de la firma que deban intervenir.
Un abogado responsable coordina todo y le informa con claridad en cada paso.
Leaders League ubica a Fexlaw en la banda más alta de Derecho Penal y Compliance en Ecuador desde hace seis años. A ese reconocimiento se suman Chambers and Partners y los rankings de propiedad intelectual por nuestro trabajo en antipiratería.
Abogados con experiencia en litigio constitucional, civil y administrativo, con el respaldo de toda la firma.
Líder del áreaRespuestas generales a dudas comunes. Cada empresa es distinta: escríbanos para revisar su caso.
Sí. Las personas jurídicas son titulares de derechos constitucionales, como el debido proceso o la seguridad jurídica, y pueden acudir a esta garantía cuando un acto u omisión de una autoridad los vulnera y no existe otra vía adecuada.
La ley la permite contra particulares en casos específicos, por ejemplo cuando prestan servicios públicos o cuando la persona afectada está en situación de subordinación o indefensión. Revisar si se cumplen esos requisitos es la base de la defensa.
Actuar de inmediato: las audiencias se convocan en plazos muy cortos. Reúna los documentos relacionados con los hechos y busque asesoría para preparar la defensa antes de la audiencia.
Son órdenes urgentes que un juez puede dictar para evitar o detener la amenaza o la vulneración de un derecho. Pueden pedirse junto con una acción de protección o de forma independiente, y también pueden impugnarse cuando no se justifican.
Contra sentencias y autos definitivos que vulneren el debido proceso u otros derechos constitucionales, una vez agotados los recursos ordinarios. Se presenta ante la misma judicatura y la resuelve la Corte Constitucional, dentro de plazos breves.
Elija la opción que mejor describe su situación y le escribimos directo por WhatsApp para agendar una reunión inicial confidencial.
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